"El día de ayer el Poder Ejecutivo sacó un decreto, el 493/2025, que conforme varios constitucionalistas de distinto color jurídico y político han señalado es totalmente inconstitucional. Esto significa, pura y exclusivamente, que un decreto no puede modificar una ley. No existe autorización para que el Poder Ejecutivo lo haga, y puede ser planteada la inconstitucionalidad ante cualquier juzgado y debe ser otorgada porque estaría violentando normativas constitucionales elementales."

"La Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22 establece claramente la necesidad de la protección de los servicios públicos que son netamente derechos humanos. Y con referencia al agua, es un derecho inalienable, es decir, no se puede cortar el agua. Ya la Corte Suprema estableció fallos concretos que dicen que no puede ser cortado el servicio de agua potable, y que la red debe quedar conectada con el mínimo servicio."

"La situación se complica día a día. Tenemos una problemática muy seria con normas inconstitucionales que afectan la salud y la propiedad, porque si privatizamos la empresa vamos a tener problemas con la salud, pero aparte nos van a embargar las propiedades cuando no podamos pagar. Hoy los consumidores están recibiendo facturas por seis meses de aproximadamente medio millón a un millón de pesos. Es un dislate que se está transformando en un peligro para los consumidores."

"Las facturas llegan con intereses de 200 y 300 por ciento porque hay liberalización de intereses con el decreto 70/23. Señores diputados, señores jueces, terminemos con esta farsa de no querer tratar un tema tan delicado para la población, porque esto no es ni economía, ni política, ni sociedad, ni déficit fiscal. Esto es el derecho a la vida y a la propiedad de las personas que se ven afectadas."