"Desde la Fundación Pensar pensamos que, si bien se puede justificar, la realidad es que la Constitución marca que tiene que haber un acuerdo con el Senado y desde 1994 que se exige dos tercios".

"Esto no es un capricho del constituyente, sino que busca darle mayor fortaleza a los jueces designados, ya que significa un consenso por parte de los legisladores y por ende mayor independencia, ya que no serían elegidos por un solo partido político".

"Nos puede gustar más o menos, pero la facultad para asignarlos por decreto está. Esa cláusula viene de una Constitución de Estados Unidos".

"La Constitución dice que la designación durará hasta el fin del año legislativo que es el 30 de noviembre de este año. El Congreso tiene la facultad de aceptar o no los pliegos".

"No es sano institucionalmente tener a un juez en la Corte que tiene los pliegos rechazados".

"Estamos frente a un Gobierno audaz. En 2015, a días de haber asumido, enviamos un Decreto para que la sociedad civil acceda a los datos de los candidatos y casi un año después fueron aceptados por el Congreso".

"Casos como el de García Mansilla, que está identificado con otro sector, pasó en varios puestos. Lo que corresponde es que durante un tiempo prudencial no deben intervenir en cuestiones donde ellos trabajaron, para que sus decisiones no estén envueltos en suspicacias".

"En la Corte Suprema hay que ser y parecer".

"Estamos a favor de la baja de edad de imputabilidad, incluso cuando fuimos gobierno presentamos un proyecto, donde planteamos que en ciertos delitos el delincuente sea juzgado de una manera específica".